De la Promesa de Auditoría a la Batalla Legal.
Lo que inició como un diálogo “productivo” entre el Gobierno del Estado y la sociedad civil ha derivado en una crisis de credibilidad. El colectivo “Resistencia Ciudadana GTO-SILAO” denunció públicamente que la gobernadora, Libia Dennise García Muñoz Ledo, parece haber dado un paso atrás en su compromiso de realizar una auditoría externa independiente para revisar la polémica concesión de la autopista Guanajuato-Silao otorgada a la empresa VISE.
El Retorno de las “Suspicacias”
Durante una rueda de prensa, los integrantes de diversos colectivos expresaron su desconcierto ante las recientes declaraciones de la mandataria, quien el pasado viernes cerró la puerta a discutir el cobro de la caseta, calificando el tema como “definido”. Este giro contradice el acuerdo inicial de someter el contrato a una revisión bajo estándares internacionales de “Valor por Dinero” (VFM) para despejar las “suspicacias” que rodearon la adjudicación al final del sexenio anterior.
Hallazgos de una “Licitación a Modo”
El colectivo presentó un desglose de irregularidades que sugieren un proceso diseñado para favorecer a un único postor:
• Aceleración Anómala: Un contrato de 30 años que involucra al menos 7 mil millones de pesos, con un procesó en apenas 88 días. Los funcionarios habrían tenido que analizar más de 11 mil folios técnicos en solo 34 días, una velocidad que los ponentes calificaron de “inaudita” y propia de una simulación.
• Daño Patrimonial: Se estima una lesión financiera de entre 1,459 y 1,812 millones de pesos. El Estado cedió la carretera actual un activo consolidado recibiendo solo el 30% de su valor real, mientras que los costos de construcción de la nueva vía se fijaron en 83 millones por kilómetro, casi el doble del estándar federal.
• Opacidad Estratégica: Información crítica, como el análisis costo-beneficio y los estudios de tráfico, ha sido reservada hasta el año 2030, bloqueando cualquier intento de rendición de cuentas inmediato.
• Falta de Permisos: La obra carece de la liberación total de los derechos de vía (faltan 18 hectáreas con problemas jurídicos) y no cuenta con las manifestaciones de impacto ambiental de la SEMARNAT.
El “Retraso Lucrativo”: Negocio Redondo
Uno de los puntos más críticos señalados es el incentivo perverso del contrato: la empresa gana 26.8 millones de pesos mensuales netos por el simple peaje de la vía existente sin haber iniciado la construcción de la nueva carretera. Entre más se retrase la obra, más ingresos recibe la concesionaria sin invertir un solo centavo.
La Justicia Federal como Recurso
Ante lo que consideran un retroceso político, el grupo anunció que este mes interpondrá una acción colectiva ante la justicia federal. A diferencia de un amparo, esta vía busca defender el derecho a la movilidad, el derecho a la ciudad y la correcta administración de los recursos públicos, exigiendo incluso indemnizaciones por lo que consideran una “mala práctica gubernamental”.
El Costo para el Guanajuatense
La controversia no es solo técnica, es un asunto de transferencia de riqueza pública. Al cierre de la sesión, Carlos Arce, del Observatorio Ciudadano, fue contundente al dimensionar el impacto directo en el bolsillo de los ciudadanos.
“El número en cuanto a dinero quiere decir que los guanajuatenses vamos a transferir… si son 30 años de concesión, 7,000 millones de pesos de los del pago de los 38 pesos… es transferencia de los ciudadanos a una empresa privada”.
Esta empresa, VISE (vinculada al medio de comunicación Periódico Correo), se encamina a operar un negocio de miles de millones de pesos bajo un manto de opacidad que la actual administración estatal, pese a sus promesas de campaña, hoy parece no querer levantar. La exigencia es clara: una auditoría internacional que detenga lo que los colectivos llaman un “saqueo” disfrazado de infraestructura.