Trabajadores del Poder Judicial se suman al paro nacional, rechazan evaluaciones que ponen en riesgo su estabilidad laboral

 

Trabajadores del Poder Judicial de la Federación en Guanajuato se sumaron a las manifestaciones nacionales en rechazo a los nuevos lineamientos de evaluación del desempeño, publicados el pasado 5 de noviembre por el Órgano de Administración Judicial, al considerar que ponen en riesgo la estabilidad laboral, la permanencia en las plazas de base y el desarrollo de la carrera judicial.
Desde las primeras horas de este viernes, empleados de la sede judicial en Guanajuato realizaron el cierre de las instalaciones y posteriormente llevaron a cabo una manifestación simbólica para expresar su inconformidad. De acuerdo con los representantes sindicales, la movilización reunió aproximadamente entre 400 y 600 trabajadores.
Raquel Hantes, secretario general del Sindicato de Trabajadores del Poder Judicial de la Federación, explicó que el descontento surge por los criterios establecidos para las evaluaciones, pues consideran que no garantizan condiciones objetivas y podrían dejar la continuidad laboral a consideración de los titulares y compañeros de trabajo.
El representante sindical señaló que anteriormente los trabajadores que obtenían una plaza de base contaban con estabilidad laboral, incluso después de acumular 20, 25, 30 o hasta 40 años de servicio. Sin embargo, con las nuevas disposiciones, advierten que la permanencia quedaría sujeta a evaluaciones periódicas, con una vigencia máxima de uno a dos años.
Aclaró que los trabajadores no están en contra de ser evaluados, sino de que los mecanismos contemplen criterios que consideran subjetivos. Entre sus principales preocupaciones está que solamente el 40 por ciento de la evaluación corresponda a conocimientos jurídicos, mientras que el 60 por ciento restante contemple otros aspectos relacionados con el desempeño y la valoración de los superiores y compañeros.
Hantes advirtió que esta modificación podría afectar no solamente a los trabajadores, sino también a la calidad del servicio de justicia que recibe la ciudadanía, al considerar que la experiencia, preparación y conocimientos especializados podrían quedar en segundo plano frente a criterios de evaluación que no están suficientemente definidos.
Por su parte, otros trabajadores que participaron en la protesta señalaron que el acuerdo representa un cambio en sus condiciones laborales, pues consideran que prácticamente desaparece la certeza que ofrecían las plazas de base. Indicaron que, de no obtener resultados satisfactorios en las evaluaciones, podrían enfrentar la remoción de sus puestos, pese a sus años de servicio y trayectoria dentro de la institución.
Los manifestantes también cuestionaron la postura del Órgano de Administración Judicial, pues señalaron que anteriormente se les había informado mediante un oficio que no habría despidos ni ceses; sin embargo, posteriormente se publicaron lineamientos que, desde su perspectiva, abren la posibilidad de separar a trabajadores de sus cargos.
En cuanto a las posibilidades de diálogo, Hantes informó que representantes sindicales han buscado acercamientos con legisladores y comisiones de la Cámara de Diputados para exponer sus inconformidades, ante lo que consideran falta de apertura y cumplimiento de compromisos por parte de las autoridades administrativas.
Entre las principales exigencias del movimiento se encuentra la derogación del acuerdo publicado el 5 de noviembre y la elaboración de nuevos lineamientos en los que los trabajadores sean tomados en cuenta, con criterios de evaluación claros, transparentes y objetivos.
Finalmente, los representantes sindicales señalaron que el paro de labores será por tiempo indefinido, hasta obtener una respuesta del Órgano de Administración Judicial. Mientras tanto, contemplan organizar guardias, comisiones y otras acciones para mantener su protesta.
Los trabajadores insistieron en que no buscan evitar las evaluaciones, sino garantizar que estas contribuyan a mejorar el servicio de justicia y no se conviertan en un mecanismo que comprometa sus derechos laborales y la estabilidad de quienes han construido su trayectoria dentro del Poder Judicial.