“anarquía” y exigen frenar competencia desleal.
El Congreso del Estado de Guanajuato se convirtió este jueves en el epicentro de un reclamo social y laboral de fondo. Un grupo de trabajadores del volante del taxi verde tradicional y concesionarios de diversas organizaciones se manifestaron en la casa del pueblo, para denunciar lo que califican como una competencia desleal insostenible generada por vehículos particulares y la preocupante inaplicación de la ley por parte de las autoridades.
La movilización surge a raíz de que el grupo parlamentario del PRI presentó un punto de acuerdo para exhortar formalmente a la gobernadora del estado. El objetivo es que se instruya a la Secretaría de Gobierno, a la Secretaría de Infraestructura, Conectividad y Movilidad, y a la Unidad Administrativa de Transporte a reforzar de manera inmediata las acciones de inspección, vigilancia y cumplimiento del marco normativo.
Los manifestantes señalan que, ante la falta de supervisión efectiva, el orden jurídico se ha visto vulnerado, permitiendo que vehículos de plataforma operen fuera de sus restricciones legales.
Tras la presentación del exhorto, la diputada Ruth Noemí Tiscareño Agoitia se reunió con los transportistas para escuchar sus inconformidades. Durante el encuentro, la legisladora enfatizó la necesidad de que cada modalidad de transporte respete sus propias reglas de operación.
“Más bien lo que les decía y lo dijeron también ellos muy claro, las leyes son muy claras, simplemente pedimos que se aplique la ley, el transporte por plataforma no puede hacer sitio o estar esperando pasaje en algunas esquinas… Ellos tienen que utilizar la plataforma digital y los taxis sí pueden estar en las calles levantando en las esquinas o haciéndoles parada a los usuarios”.
Por su parte, el sentir del gremio fue contundente a través de sus líderes. José Manuel Betanzos Vargas, representante del Grupo de Taxistas ATG, arremetió contra la inacción de las dependencias estatales, señalando que el sistema de transporte se encuentra “diezmado” por la falta de sanciones a quienes operan de forma irregular.
“Que se aplique la ley y la normatividad para aquellos ejecutivos que andan trabajando incorrectamente, o sea, como piratas prácticamente… ojalá y que la autoridad, empezando por la gobernadora, ponga cartas en el asunto y que pues ya solucione esta situación”.
La problemática no solo se limita a la vigilancia diaria, sino que apunta a una obsolescencia legislativa. José Luis Guerrero, dirigente de Línea Dorada, respaldó el punto de acuerdo del PRI, pero insistió en que la solución de fondo requiere una reforma integral a la ley estatal de movilidad. Guerrero subrayó el impacto económico y social de esta crisis.
“Lo más importante hoy en día es que se reforme la ley del 22. ¿Por qué? Porque a 4 años de que se hizo… ha sido obsoleta y solamente ha afectado a miles y miles y miles de familias… que el servicio sea rentable, sea redituable, sea sustentable y sobre todo que sea rector por el gobierno del estado”.
El sector del transporte público en Guanajuato se encuentra en un punto de quiebre. Mientras los taxistas tradicionales cumplen con requisitos y concesiones estrictas, denuncian un “piso disparejo” frente a plataformas que invaden sus funciones. La exigencia de los trabajadores es simple pero urgente: que la ley deje de ser letra muerta y se garantice el orden y la seguridad tanto para usuarios como para los prestadores de servicio.