El proceso de modernización del transporte público en Guanajuato continúa sin avances significativos debido a una parálisis jurídica. El otorgamiento de nuevas concesiones se ha visto retrasado por los recursos legales interpuestos por los actuales concesionarios, situación que derivó en el aplazamiento de la audiencia judicial.
Al respecto, el regidor José Carlos Domínguez López Velarde abordó la situación del sistema de transporte, explicando que el Ayuntamiento se encuentra atado de manos por órdenes judiciales.
“Siguen los términos jurídicos iguales como lo tenemos, con una suspensión definitiva y de ahí pues no podemos avanzar, de acuerdo a lo que el juez dictaminó”, señaló el edil respecto al estancamiento del proceso.
El regidor subrayó que el gobierno municipal se mantiene respetuoso de los tiempos y mandatos legales, indicando que hasta el momento no ha habido nuevos acercamientos por parte de los transportistas para buscar una solución.
“Estamos nosotros cumpliendo con lo que nos mandataron de una suspensión definitiva”, enfatizó.
Ante las constantes fallas en el servicio y la imposibilidad de avanzar en la nueva convocatoria la cual busca unidades más eficientes, la seguridad de los usuarios queda condicionada a las inspecciones vigentes. Domínguez López Velarde aclaró que las revisiones mecánicas de los camiones que circulan actualmente dependen de la subsecretaría de movilidad, instancia encargada de garantizar que las unidades se encuentren en condiciones adecuadas para operar.
Finalmente, se reiteró que la intención de los ediles al votar a favor de los nuevos procesos es precisamente lograr un sistema de transporte más eficiente y con mejores unidades, objetivo que permanece pausado mientras se resuelve el conflicto jurídico en los tribunales.