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eportan más de 2 mil carpetas de investigación
Integrantes de la organización Diversidad Guanajuato Bajío alertaron sobre las barreras que enfrenta la población LGBTQ+ para acceder a la justicia en el estado, al denunciar presuntas deficiencias en la atención de víctimas, falta de perspectiva de diversidad sexual en las investigaciones y actos de discriminación dentro de instituciones públicas. Durante una conferencia de prensa, la organización presentó cifras obtenidas mediante solicitudes de información pública y llamó a las autoridades a fortalecer los mecanismos de atención y protección de derechos humanos.
Luis Alberto cruz cárdenas, director general de Diversidad Guanajuato Bajío, informó que, de acuerdo con datos que la organización atribuye a la Fiscalía General del Estado, entre 2021 y julio de 2025 se registraron 2 mil 495 carpetas de investigación relacionadas con víctimas pertenecientes a la diversidad sexual y de género. De acuerdo con su análisis, el 55 por ciento habría concluido por determinaciones de no ejercicio de la acción penal, mientras que 842 carpetas, equivalentes aproximadamente al 33.7 por ciento, continuarían en distintas situaciones de trámite o archivo. La organización señaló que 170 casos, alrededor del 6.8 por ciento, llegaron a la etapa de judicialización.
Luis Alberto precisó que la judicialización no significa necesariamente que exista una sentencia condenatoria, por lo que consideró indispensable conocer qué ocurrió con cada investigación y cuál fue la atención brindada a las víctimas. También cuestionó que, según la respuesta que dijo haber recibido de la Fiscalía, no existan datos desagregados suficientes para identificar si los delitos estuvieron motivados por prejuicios relacionados con la orientación sexual, la identidad o expresión de género y las características sexuales de las personas afectadas.
sostuvo que esta falta de información dificulta dimensionar la violencia por prejuicio y evaluar si las investigaciones incorporan una perspectiva adecuada de diversidad sexual y de género. Asimismo, denunció que algunas personas enfrentan comentarios homofóbicos y tratos discriminatorios cuando intentan presentar una denuncia. Como ejemplo, relató casos en los que, según su testimonio, se han cuestionado las experiencias de violencia sexual de hombres homosexuales, situación que puede desalentar a las víctimas de acudir ante las autoridades.
Otro de los señalamientos estuvo dirigido a la atención jurídica que reciben las víctimas. Luis Alberto indicó que, de acuerdo con información solicitada a la Comisión Estatal de Atención Integral a Víctimas, durante 2025 había 131 asesores jurídicos en funciones. Consideró que la capacidad de atención y la falta de especialización en diversidad sexual representan obstáculos para garantizar un acompañamiento adecuado en los procedimientos legales. La Comisión tiene entre sus atribuciones brindar orientación, asesoría, representación y acompañamiento jurídico a víctimas de delitos y violaciones a derechos humanos. .
Durante la conferencia también participaron personas que compartieron experiencias de discriminación. Mauricio, conocido como Paquita, relató situaciones que, dijo, ha enfrentado desde hace décadas por su expresión de género, tanto en espacios públicos como en procedimientos ante instituciones. Señaló que, pese a los avances legales, persisten burlas y tratos que vulneran la dignidad de las personas, por lo que pidió respeto a sus derechos humanos sin distinción por orientación sexual o identidad de género.
Por su parte, Alberto señaló que la violencia también se manifiesta en el ámbito político y en la implementación de acciones afirmativas destinadas a favorecer la representación de grupos históricamente discriminados. Los participantes cuestionaron que algunas políticas de inclusión no se traduzcan en beneficios concretos para las comunidades y pidieron revisar cómo se aplican los programas y mecanismos de representación en los municipios del estado.
La organización también recordó la aprobación de la legislación estatal en materia de diversidad sexual y de género en 2024, que consideró un avance importante, aunque sostuvo que su aplicación requiere coordinación efectiva entre las autoridades y la sociedad civil. Entre sus demandas se encuentran fortalecer la capacitación especializada de servidores públicos, aplicar protocolos de investigación pertinentes, mejorar la atención a víctimas y garantizar que las denuncias por delitos motivados por prejuicio no sean minimizadas.
Finalmente, Diversidad Guanajuato Bajío llamó a las instituciones estatales y municipales a establecer canales de colaboración con colectivos y organizaciones locales para atender las necesidades de la población LGBTQ+. Sus representantes insistieron en que el objetivo es visibilizar las experiencias de violencia, mejorar el acceso a la justicia y evitar que las víctimas desistan de denunciar por temor a sufrir nuevos actos de discriminación.