En un acto que atenta directamente contra la libertad de expresión y la integridad física, elementos del Grupo Estatal de Reacción e Intervención (GERI), perteneciente a la Fiscalía General del Estado de Guanajuato, hicieron un uso desmedido e indignante de la fuerza contra el comunicador Makario Sierra, de La Crónica de Guanajuato. Los hechos ocurrieron la mañana de este lunes en la comunidad de San Antonio de las Maravillas, en el municipio de Juventino Rosas, mientras el reportero realizaba la cobertura informativa de un operativo ministerial.
La agresión no solo consistió en violencia física, sino también en el despojo de sus herramientas de trabajo. El propio periodista, visiblemente afectado y antes de desvanecerse a un costado de la carretera, narró el brutal ataque a través de una transmisión en vivo.
“Me golpearon… no se vale, uno viene a tomar imágenes identificado plenamente y me tiraron, me golpearon entre las camionetas y me robaron el teléfono… Con las cachas de las pistolas me pegaron en varias ocasiones en la cabeza… voy a interponer la denuncia correspondiente ante este abuso de autoridad del que fui víctima”.
Como consecuencia de los golpes, Sierra presentó una fisura de costilla, golpes contusos en pies y cabeza, además de síntomas de conmoción como mareos y vómito que derivaron en un desmayo antes de ser trasladado de urgencia a un hospital comunitario.
Cabe señalar que, de manera indolente, un convoy de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) que pasaba por el lugar ignoró las peticiones de auxilio de los presentes mientras el reportero yacía tendido en el suelo.
Ante la gravedad de los hechos y la difusión de la evidencia en video, la Fiscalía General del Estado emitió un comunicado oficial. En el documento, la institución informó la apertura de una carpeta de investigación para esclarecer lo sucedido y aplicar las sanciones correspondientes.
La dependencia aseguró que “no tolera conductas de abuso, intimidación ni uso indebido de la fuerza” y que la labor periodística debe ser respetada como un pilar democrático. Asimismo, se comprometieron a brindar acompañamiento institucional y garantizar la atención médica necesaria para el periodista afectado.
Sin embargo, este nuevo episodio de violencia estatal deja en entredicho los protocolos de actuación de los elementos de seguridad en la región, quienes, lejos de proteger la integridad de los ciudadanos, se convirtieron en los agresores de quien solo cumplía con su labor de informar.