El presunto hackeo a los sistemas informáticos de la Fiscalía General del Estado de Guanajuato (FGEG) ha provocado preocupación y cuestionamientos entre legisladores locales, quienes coinciden en que el silencio de las autoridades solo alimenta la desconfianza y la especulación pública.
Desde el fin de semana, la Fiscalía enfrenta fallas graves en sus plataformas digitales, que mantienen paralizados los registros de denuncias y trámites internos. Mientras el grupo internacional Tekir APT se atribuyó el ataque y afirmó haber robado 250 gigabytes de información sensible, la institución únicamente emitió un breve comunicado atribuyendo las fallas a una “revisión preventiva de seguridad”, sin confirmar ni desmentir el ciberataque.
Para la diputada Ruth Tiscareño, del PRI, la falta de transparencia es preocupante:
“No sabemos si fue o no un hackeo porque no han salido las autoridades a comentarlo. Es preocupante y lamentable. Deben salir a dar una explicación, no solo un boletín”, advirtió.
Tiscareño subrayó que el manejo hermético del tema “da pie a la especulación”, y sostuvo que el fiscal debería aclarar públicamente lo ocurrido, pues la información que resguarda la dependencia incluye datos personales y expedientes delicados.
Desde el Partido Verde Ecologista de México, el diputado Sergio Contreras consideró que el silencio institucional es un error que abona a la incertidumbre.
“La Fiscalía y el gobierno del estado tienen que dejar en claro qué fue lo que ocurrió, para la tranquilidad de la ciudadanía”, señaló.
Agregó que, al tratarse de información vinculada a la seguridad estatal e incluso nacional, “la transparencia no es opcional”.
Por su parte, el legislador panista Aldo Iván Márquez Becerra llamó a fortalecer los mecanismos de protección digital y reconocer que este tipo de ataques no son exclusivos de Guanajuato.
“Es un hecho lamentable, pero hay que seguir apostando al blindaje de la información y a la seguridad de los sistemas”, expresó.
Mientras tanto, la Fiscalía mantiene su postura reservada y las autoridades estatales han evitado pronunciarse públicamente.
El silencio oficial, en un tema que compromete datos judiciales y personales de miles de guanajuatenses, deja abierta la pregunta que ya circula entre especialistas y ciudadanos: ¿se trata de un fallo interno o de un hackeo que el Estado prefiere no reconocer?
En imágenes Andrés Martínez para el 28 de Guanajuato Victoria Vera.