Persisten las carpetas por aborto en Guanajuato.
La Fiscalía reporta tres casos judicializados, de 31 carpetas de investigación de 2024 a 2025, evidenciando la vigencia de un marco penal que criminaliza a mujeres y personas gestantes, pese al avance nacional por la despenalización.
En un contexto donde el aborto sigue siendo un tema tabú y un derecho negado, la Fiscalía General del Estado de Guanajuato confirmó a través de una solicitud de acceso a la información pública que del 1 de enero de 2024 al 31 de mayo de 2025 se han iniciado 31 carpetas de investigación por el delito de aborto, de las cuales tres fueron judicializadas. Los tres casos, cabe subrayar, corresponden al artículo 161 del Código Penal local, es decir, aborto sin consentimiento, lo que en los hechos configura violencia contra la mujer y no una decisión voluntaria sobre su cuerpo.
Aunque la Fiscalía matiza que el inicio de una carpeta no implica necesariamente la comisión de un delito, la estadística revive la discusión sobre un marco legal que sigue penalizando el aborto voluntario, y coloca a Guanajuato como uno de los estados más restrictivos en materia de derechos sexuales y reproductivos. De las 31 carpetas iniciadas en este periodo, 11 corresponden a mujeres que abortaron por decisión propia o dieron su consentimiento, lo que sigue siendo tipificado como delito, con penas que van de seis meses a tres años de prisión, bajo los artículos 159 y 160.
Un marco punitivo que persiste. para ello es necesario conocer lo que indica El Código Penal del Estado de Guanajuato que establece:
En el Artículo 159: Penaliza a la mujer que provoque o consienta su aborto, con hasta tres años de cárcel.
El Artículo 160: Sanciona a quien cause el aborto con el consentimiento de la mujer.
Artículo 161: Castiga el aborto sin consentimiento de la mujer, considerado una forma de violencia. se le impondrá de cuatro a ocho años de prisión
Artículo 163: Únicamente excluye de responsabilidad penal cuando el embarazo es producto de una violación.
Esta legislación deja fuera otras causales ampliamente aceptadas en otras entidades del país, como riesgo para la salud de la mujer, malformaciones del feto o condiciones socioeconómicas, mostrando un rezago jurídico frente al avance del marco nacional e internacional de derechos humanos.
Judicialización: un dato que no calma la preocupación.
Pese a que la Fiscalía resalta que no hay actualmente mujeres detenidas por abortar ni procesos penales vigentes en su contra, el hecho de que sí existan carpetas abiertas por este motivo demuestra que el aborto sigue siendo tratado como un tema criminal y no como una cuestión de salud pública o derechos.
Más aún, el dato de las tres judicializaciones por aborto forzado bajo el artículo 161, refleja otra cara alarmante de la problemática, que la violencia sexual y reproductiva sigue presente, y la respuesta del sistema judicial es apenas visible, si se considera la magnitud del fenómeno.
Guanajuato sigue siendo un Estado que se resiste al cambio.
En un país donde la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha declarado inconstitucional criminalizar el aborto, y donde varias entidades ya lo han despenalizado hasta las 12 semanas de gestación, Guanajuato permanece como un bastión conservador que se resiste a armonizar su marco legal.
La respuesta institucional sigue girando en torno a una visión punitiva, sin avances concretos en la protección de los derechos sexuales y reproductivos, ni programas efectivos de prevención, educación sexual integral o acceso seguro a la interrupción del embarazo.
Mientras tanto, las mujeres que abortan voluntariamente siguen siendo objeto de estigmatización y, potencialmente, de criminalización. Y aunque los números oficiales hoy digan que “no hay detenidas”, lo que queda claro es que el miedo, la persecución social y la ausencia de garantías legales continúan silenciando a muchas.
En imágenes Andrés Martínez para el 28 de Guanajuato Victoria Vera.