Ya es oficial. Jorge Antonio Rodríguez Medrano, excandidato de Morena a la presidencia municipal de Guanajuato y propietario de un portal de noticias, forma parte del Registro Nacional de Personas Sancionadas por Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género, luego de resoluciones firmes emitidas por las autoridades electorales.
La inscripción deriva de la denuncia presentada por la actual regidora Fernanda Arellano, tambien miembro del partido Morena, quien fue víctima de agresiones durante el proceso electoral del 2023- 2024. El pasado 12 de enero, la funcionaria confirmó públicamente el cierre del expediente electoral, acompañada por dirigentes de su partido y su equipo jurídico, al informar que el caso causó estado y no admite ya ninguna impugnación.
Como parte de la sanción impuesta por el Tribunal Estatal Electoral de Guanajuato, como la Sala Monterrey y la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación le dictaron sentencia condenatoria, por lo que Rodríguez Medrano fue obligado a emitir una disculpa pública por escrito, misma que debía estar firmada de su puño y letra, no como un acto voluntario de reconocimiento, sino como una orden judicial. La resolución también establece su permanencia en el registro de violentadores durante un año y seis meses, además de la obligación de tomar un curso en materia de derechos de las mujeres y violencia política de género.
Lejos de representar un acto de reflexión o arrepentimiento genuino, la disculpa ocurre en un contexto en el que el agresor ha continuado con expresiones que minimizan los hechos, se victimiza y desacredita la sanción, manteniendo un discurso que normaliza la violencia cuando no existen consecuencias inmediatas. Porque cuando la agresión no se castiga, todo fluye… hasta que un tribunal obliga a reconocer lo que nunca se aceptó por voluntad propia.
El caso marca un precedente relevante en Guanajuato: ninguna candidatura, influencia mediática o posición económica está por encima de la ley cuando se trata de violencia contra las mujeres en el ámbito político ni social. Además, mientras la sanción esté vigente, Rodríguez Medrano es legalmente inelegible para competir por cualquier cargo de elección popular.
La pregunta queda abierta y resuena más allá del expediente jurídico:
¿una disculpa forzada basta para dejar de ser violentador, o es solo otro trámite para seguir como si nada hubiera pasado?
Porque la erradicación de la violencia política de género no se mide en cartas firmadas, sino en conductas que cambian, ahora solo falta esperar que el violentador tome su curso y sepa que ninguna mujer debe ser violentada.