MC presenta iniciativa para despenalizar el aborto voluntario en Guanajuato; “es una obligación constitucional”, afirma Sandra Pedroza

 

El debate sobre la despenalización del aborto volvió a colocarse en la agenda del Congreso del Estado. Este jueves 12 de febrero, en sesión de la Diputación Permanente, legisladores de Movimiento Ciudadano y colectivos feministas impulsaron una nueva propuesta para modificar el Código Penal de Guanajuato y eliminar sanciones contra la interrupción voluntaria del embarazo.

La diputada Sandra Alicia Pedroza Orozco, presentó la iniciativa que busca armonizar la legislación local con los criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

La propuesta plantea derogar los artículos 159, 160 y 163, así como reformar el 162, para eliminar sanciones penales contra mujeres y personas gestantes que decidan abortar y contra el personal médico que brinde atención con consentimiento. Al mismo tiempo, mantiene vigentes las penas para el aborto forzado.

De acuerdo con la exposición de motivos, la criminalización vulnera derechos como la dignidad humana, la autonomía reproductiva y el acceso a la salud, además de generar estigmatización y persecución penal.

Durante la presentación, Pedroza subrayó que el Congreso está obligado a acatar los resolutivos del máximo tribunal, que ya admitió la Declaratoria General de Inconstitucionalidad sobre estas disposiciones.

“Hoy no estamos ante un debate ideológico ni moral. Estamos ante una obligación constitucional. La Suprema Corte ya habló: criminalizar y castigar el aborto voluntario en Guanajuato viola los derechos sexuales y reproductivos de mujeres, niñas y adolescentes. Tenemos 90 días para corregir el marco legal; no hacerlo sería fallarle otra vez a las mujeres y niñas guanajuatenses”, afirmó.

La legisladora sostuvo que la iniciativa busca dar certeza jurídica, evitar investigaciones revictimizantes y garantizar que ninguna persona sea tratada como delincuente por decidir sobre su cuerpo.

Movimiento Ciudadano llamó al resto de las fuerzas políticas a respaldar la reforma para cumplir con el mandato constitucional y evitar que la Corte sustituya al Congreso por omisión legislativa.