De nueva cuenta, el Congreso de Guanajuato decidió no avanzar en el reconocimiento del derecho a decidir, al aprobar en sentido negativo dos dictámenes que buscaban modificar el marco legal estatal en materia de autonomía reproductiva y de interrupción legal del embarazo. En dos comisiones legislativas las y los diputados optaron por archivar propuestas que en otros estados del país e incluso a nivel federal ya forman parte de una agenda de derechos consolidada.
En la Comisión para la Igualdad de Género, aprobó el dictamen que rechaza la inclusión del concepto de autonomía reproductiva en la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. La iniciativa pretendía reconocer como un derecho básico que las mujeres puedan decidir si desean o no gestar, así como acceder a servicios de interrupción del embarazo hasta las 12 semanas.
La diputada, Maribel Aguilar, defendió la iniciativa al recordar que el derecho a decidir “ya está reconocido por la Constitución Federal y en tratados internacionales”, y enfatizó que el debate no solo es sobre legitimidad, sino sobre “cómo integrarlo adecuadamente en el marco jurídico local”. Sin embargo, su postura no fue suficiente para evitar que el dictamen fuera aprobado en sentido negativo.
Al interior de la misma comisión, surgieron inconformidades por la ausencia de mesas de trabajo previamente acordadas.
En paralelo, la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales también avaló en sentido negativo las reformas que buscaban eliminar de la Constitución local la disposición que reconoce como persona al ser humano “desde la concepción”. Dichas propuestas iban acompañadas de modificaciones a leyes secundarias como la Ley de Víctimas, la Ley de Salud y el Código Penal para armonizar el marco jurídico con estándares de derechos reproductivos.
A pesar de los argumentos presentados, la mayoría determinó desechar nuevamente las iniciativas. La diputada María Eugenia García Oliveros anunció que emitirá un voto particular para dejar asentada la postura de su grupo parlamentario, al considerar indispensable garantizar plenamente los derechos reproductivos en el estado.
Con estas decisiones, Guanajuato confirma que continúa rezagado en la discusión sobre el aborto, un tema en el que la Suprema Corte de Justicia ha marcado un precedente nacional y en el que más de la mitad del país ya ha avanzado hacia modelos que respetan el derecho a decidir. Mientras tanto, el Congreso local vuelve a mostrar su incapacidad de llegar a consensos, manteniendo a las mujeres guanajuatenses en un escenario de desigualdad jurídica y sin garantías plenas sobre sus derechos reproductivos.
En imágenes Andrés Martínez para el 28 de Guanajuato Victoria Vera.