En una jornada legislativa que será recordada por su carga política y su caos dentro y fuera del Pleno, el Congreso de Guanajuato volvió a rechazar la despenalización del aborto. Lo hizo entre reclamos de “madruguete legislativo”, dimes y diretes entre bancadas, y una confrontación directa entre grupos provida y colectivas feministas que, divididos por unas cuantas butacas, se lanzaron consignas a gritos defendiendo visiones irreconciliables.
De último minuto, se modificó el orden del día para subir a debate diversos temas históricamente bloqueados en la entidad: matrimonio igualitario, prohibición de terapias ECOSIG y despenalización del aborto. Esta maniobra fue calificada por la oposición como un intento deliberado de acelerar votaciones sensibles para evitar un análisis profundo y frenar nuevamente los derechos reproductivos.
Al final, tres dictámenes en sentido negativo fueron aprobados por mayoría, lo que implica el archivo definitivo de todas las iniciativas presentadas por Morena y Movimiento Ciudadano para reformar el Código Penal, la Constitución local, la Ley de Salud y legislación vinculada a la autonomía reproductiva. Con ello, Guanajuato mantiene por quinta ocasión en siete años uno de los marcos legales más restrictivos del país.
La sesión se desarrolló en medio de un ambiente de tensión: mientras grupos provida festejaban con gritos de “¡Guanajuato es provida!” y “¡Viva Cristo Rey!”, feministas respondían con consignas que exigían respetar el derecho a decidir y denunciaban que el Congreso perpetúa un modelo punitivo que obliga a las mujeres a ocultarse, migrar o abortar en condiciones inseguras.
Desde tribuna, diputadas de Morena advirtieron que el tipo penal vigente es inconstitucional y que el Congreso se arriesga a que la Suprema Corte “corrija la plana” por seguir negándose a armonizar la ley con los criterios federales que prohíben criminalizar a mujeres o personas gestantes. Pero la mayoría panista defendió que la protección de la vida “desde la concepción hasta la muerte natural” es un principio que no debe modificarse.
Con 19 votos contra 17 la mayoría oficialista cerró nuevamente toda posibilidad de reforma. No hubo foros, mesas de trabajo ni discusión técnica; solo una votación acelerada que repitió el patrón histórico del Congreso guanajuatense frente a este tema.
Para las colectivas feministas, la decisión representa otro retroceso y confirma que la entidad seguirá rezagada frente a los estándares de derechos humanos y salud pública. Para los grupos conservadores, en cambio, fue una victoria celebrada como un “triunfo de la vida”.
Lo único claro es que, una vez más, el Congreso dejó intacto un marco legal que criminaliza la interrupción voluntaria del embarazo y mantiene a Guanajuato en una ruta contraria a la tendencia nacional. Y lo hizo en medio de un escenario que exhibió, con toda crudeza, la fractura social y política que este tema sigue abriendo en la entidad.
En imágenes Andrés Martínez para el 28 de Guanajuato Victoria Vera.