Durante más de cuatro horas de comparecencia ante el Congreso del Estado de Guanajuato, el fiscal general Gerardo Vázquez Alatriste defendió los resultados de la institución, respondió cuestionamientos sobre seguridad, el hackeo a la base de datos de víctimas y enfrentó una jornada marcada por confrontaciones entre diputados de distintas bancadas, incluidos legisladores del propio partido gobernante.
El fiscal reconoció que tras el hackeo reportado a la Fiscalía se detectó el uso indebido de credenciales ilegítimas con nombre y apellido, aunque aseguró que no existe vulneración a los servidores ni a los códigos de seguridad del Banco Estatal de Datos sobre casos de violencia contra mujeres. Señaló que, tras conocer los hechos, se abrió una carpeta de investigación y se activó un protocolo de revisión técnica y medidas de contención para blindar la infraestructura tecnológica.
La comparecencia, realizada como parte de la ampliación de su informe de actividades, estuvo marcada por intercambios de señalamientos entre legisladores, principalmente de oposición como Morena, pero también con cuestionamientos desde el propio grupo parlamentario del PAN.
Desde la tribuna, el fiscal defendió la estrategia de la institución y afirmó que la Fiscalía estatal ha incursionado en el combate a la delincuencia organizada, una tarea que históricamente correspondía a la federación.
“No le voy a fallar a Guanajuato”, afirmó Alatriste al sostener que la Fiscalía ha logrado avances en el aseguramiento de armas y droga, incluso dijo por encima de las cifras de la federación.
Entre los resultados presentados destacó la detención de 2 mil 946 personas vinculadas a células criminales, el aseguramiento de 1,375 armas, más de 1.5 millones de dosis de droga y más de 9 millones de pesos derivados de investigaciones propias.
También informó que en materia de secuestro se iniciaron 12 carpetas de investigación, se logró la liberación de 13 víctimas y se evitó el pago de 31 millones de pesos en rescates, además de ocho sentencias condenatorias.
En el intercambio con legisladores, el coordinador del PAN, Jorge Espadas Galván, reconoció datos presentados a nivel federal sobre la reducción sostenida de homicidios en Guanajuato y preguntó sobre acciones para abatir la llamada “cifra negra” de delitos no denunciados.
El fiscal respondió que las denuncias aumentaron en 9 mil 850 carpetas de investigación, un incremento del 7 por ciento que atribuyó a una mayor confianza ciudadana y a nuevos mecanismos de denuncia que permiten reportar delitos desde el lugar de los hechos o de forma remota.
Sin embargo, el momento más tenso ocurrió cuando la diputada de Morena, Hades Aguilar Castillo, cuestionó que en 2025 se destinaran 23 millones de pesos para la oficina del fiscal, mientras que 16 millones se aplicaron para la reparación del daño a víctimas del delito.
Tras la respuesta del fiscal, quien argumentó que la reparación corresponde principalmente a la Comisión Estatal de Atención a Víctimas, la legisladora lo acusó de estar alejado de la realidad y lanzó un señalamiento directo desde tribuna.
“Que alejado estás de la realidad, es una burla, con esa risa de cinismo te estás burlando del pueblo”, expresó, incluso cuestionando si había considerado renunciar.
Más allá de las cifras presumidas por la Fiscalía, la comparecencia evidenció un ambiente de confrontación política y cuestionamientos directos sobre la eficacia y prioridades de la institución. Entre reclamos por el manejo de recursos, dudas sobre la protección de datos de víctimas y exigencias de mayor rendición de cuentas, el fiscal defendió su gestión con estadísticas y promesas de resultados.
Sin embargo, el cruce de señalamientos entre legisladores y las críticas desde la oposición dejaron claro que, para una parte del Congreso, los números presentados aún no logran disipar las dudas sobre el rumbo y la sensibilidad de la Fiscalía frente a las víctimas del delito. La comparecencia cerró así entre cifras, defensas institucionales y un clima político que reflejó que el debate sobre la procuración de justicia en Guanajuato está lejos de concluir.