El periodismo en México sigue siendo una actividad de alto riesgo. Lejos de tratarse de hechos aislados, la violencia contra periodistas se ha convertido en un patrón persistente que atraviesa gobiernos, sexenios y regiones. El cierre de 2025 confirma esa realidad: siete periodistas asesinados en el país, dos de ellos en Guanajuato, uno en silao y otro en san luis de la paz, una entidad que en los últimos años se ha sumado a la geografía del silencio impuesto por la violencia.
Las cifras no admiten eufemismos. De acuerdo con ARTICLE 19, de 2000 a la fecha se han documentado 175 asesinatos de periodistas en México en posible relación con su labor informativa. El dato revela no solo la magnitud del problema, sino su continuidad: la violencia no disminuye, solo cambia de contexto.
El caso más reciente, el de Miguel Ángel Beltrán, asesinado el 25 de octubre de 2025 en Durango, vuelve a encender una alerta que rara vez se apaga. Cada nombre se suma a una lista que crece año con año y que, en muchos casos, permanece sin justicia.
El recuento por sexenios refuerza una verdad incómoda: ningún gobierno ha logrado revertir esta crisis. ARTICLE 19 documenta 48 asesinatos durante el sexenio de Felipe Calderón, 47 en el de Enrique Peña Nieto, 47 en el de Andrés Manuel López Obrador y ocho en el actual gobierno de Claudia Sheinbaum. Sin embargo, 2022 marcó el año más letal, con 13 periodistas asesinados, precisamente durante el sexenio de López Obrador, evidenciando que la violencia alcanzó entonces uno de sus picos más altos.
A nivel estatal, Veracruz sigue siendo el símbolo más crudo del peligro de informar: 31 periodistas asesinados, 18 de ellos durante el gobierno de Javier Duarte, el más letal para la prensa en la historia reciente del país. Pero hoy el riesgo ya no está concentrado en un solo estado. La violencia se ha expandido y normalizado.
En ese mapa, Guanajuato aparece ya con nombre propio. Que dos de los siete asesinatos de 2025 hayan ocurrido en la entidad obliga a mirar con seriedad el entorno en el que trabajan reporteras y reporteros: crimen organizado, impunidad, debilidad institucional y una creciente hostilidad contra quienes investigan, cuestionan o incomodan.
Más allá de las cifras, el mensaje es claro: en México informar puede costar la vida. Cada asesinato no solo silencia a una persona, sino que empobrece el derecho de la sociedad a estar informada. Mientras la impunidad siga siendo la regla y los mecanismos de protección resulten insuficientes, el periodismo continuará ejerciéndose bajo amenaza.
El cierre de 2025 no es solo un balance anual. Es un recordatorio de que la libertad de expresión en México se defiende, todavía, a riesgo de muerte.