Diputados dan paso histórico contra el acoso sexual, pero persiste la falta de resultados en denuncias
El Congreso de Guanajuato dio un paso que podría marcar un antes y un después en la atención del acoso sexual dentro de las oficinas gubernamentales, un problema que por años ha permanecido oculto o minimizado en los espacios públicos. La Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales aprobó el dictamen que reforma la Ley de Responsabilidades Administrativas para reconocer el acoso sexual como una falta administrativa grave cuando sea cometido por personas servidoras públicas.
El avance legislativo llega en un contexto donde numerosas trabajadoras del sector público han denunciado hostigamiento sin obtener una respuesta efectiva. Durante la sesión, la diputada María Eugenia subrayó que esta reforma busca proteger la integridad y dignidad de las mujeres, reconociendo que la violencia laboral también está arraigada en la estructura gubernamental y no puede seguir normalizándose.
Pocas sanciones, muchas denuncias: la brecha que persiste
La aprobación del dictamen coincidió con cuestionamientos a la Secretaría de la Honestidad y Función Pública, luego de que vía transparencia se diera a conocer que, de enero a septiembre, el organismo apenas ha emitido al menos 14 sanciones frente a más de 970 quejas, una tendencia que se repite año con año y que refleja una brecha entre lo denunciado y lo resuelto.
Ante este panorama, el diputado Juan Carlos Romero Hicks, presidente de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, pidió no juzgar únicamente desde los números, aunque reconoció que estos sí llaman la atención.
“Un número aislado no da la fotografía completa, no da la película y no da la explicación”, afirmó. Señaló que cada queja debe analizarse de forma individual y clasificarse según su naturaleza: laboral, administrativa, civil o penal. Sin este análisis, advirtió, se corre el riesgo de interpretar erróneamente la eficacia institucional.
Cuestionado sobre si esta baja productividad podría estar relacionada con lagunas legales que retrasan los procesos, Romero Hicks aseguró que existen áreas de oportunidad que deberán revisarse, entre ellas la Ley de Transparencia. Recordó que la Secretaría no solo debe sancionar, sino también prevenir, atender irregularidades y garantizar la publicidad de la información.
“Basta la duda para que la propia Secretaría nos informe cómo está cada caso”, añadió, reiterando que los indicadores deben revisarse en contexto, aunque sin desestimar la preocupación por la desproporción entre denuncias y sanciones.
Un cambio legal frente a un sistema que aún no responde
Aunque la reforma aprobada representa un avance significativo para visibilizar y sancionar el acoso sexual dentro del gobierno, la distancia entre las denuncias y las decisiones administrativas sigue evidenciando un sistema que no termina de responder.
El reconocimiento del acoso sexual como falta grave marca un precedente importante, pero las cifras actuales muestran que el reto no será solo legislar, sino garantizar que las instituciones encargadas actúen con oportunidad, claridad y resultados.