De la promesa del internet para todos al riesgo del espionaje institucionalizado. La ‘Ley Espía’ de Morena abre la puerta a la vigilancia masiva, consolidando el poder del gobierno para geolocalizar y condicionar libertades en México.
Mientras el gobierno federal celebra la aprobación de la nueva Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión, junto con la Ley del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia, como un paso histórico para garantizar el derecho al internet y mejorar la seguridad nacional, la oposición, especialistas y organizaciones civiles alertan sobre un riesgo mayor, el nacimiento formal de un “gobierno espía”.
El gobierno de Claudia Sheinbaum insiste en negar que estas reformas tengan fines de espionaje o censura. Desde Palacio Nacional, se afirma que no habrá persecución política ni vigilancia ilegal, que las intervenciones telefónicas solo podrán darse con autorización judicial y que el objetivo principal es ampliar la conectividad, proteger audiencias y consolidar un sistema de identidad biométrica con la CURP como documento oficial.
Por su parte, José Antonio Peña Merino, titular de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, aseguró que “el gobierno ni espía, ni censura” y que el artículo 182 mantiene el requisito de mandamiento judicial para la geolocalización, algo que subrayan ya estaba previsto en la ley desde 2014.
Sin embargo, estos argumentos no convencen a quienes observan en estas reformas un retroceso peligroso para la democracia y los derechos fundamentales.
El problema, según apuntan críticos como el PAN y Movimiento Ciudadano, no radica en la letra bonita de la ley, sino en sus huecos y potenciales excesos. El dictamen aprobado mantuvo la obligación para las compañías telefónicas de proporcionar la geolocalización en tiempo real de los usuarios, sin que quede suficientemente claro un mecanismo de control judicial previo. Además, se obliga a presentar la CURP para contratar servicios de internet, lo que genera una base de datos de ciudadanos potencialmente vulnerable a abusos.
La Ley de Investigación e Inteligencia, por ejemplo, faculta a la Secretaría de Seguridad a solicitar datos vehiculares, biométricos y telefónicos de ciudadanos a entidades públicas y privadas, encendiendo alertas sobre la discrecionalidad con que podrían usarse estos datos. Ricardo Anaya, coordinador del PAN en el Senado, lo sentenció que el periodo extraordinario pasará a la historia como el del gobierno espía. Y lo peor no es que espíen a opositores, es que van a espiar a todos los ciudadanos.
El discurso oficialista intentó minimizar los temores, recurriendo incluso a la burla, por parte del senador morenista Félix Salgado Macedonio, quien ironizó desde tribuna evitando atender el debate de fondo los controles y contrapesos democráticos que deberían blindar los datos personales de millones.
“¿A qué le tienen miedo? ¿A que los localicen para que no los encuentren sus esposas o sus cuentas en Andorra?”
Por otro lado, el nuevo marco legal abre la puerta a la suspensión de transmisiones que violen disposiciones de la ley, aunque bajo un procedimiento de apercibimiento, lo que la oposición denuncia como un riesgo de censura velada.
El líder nacional del PAN, Jorge Romero, advirtió que, aunque lograron eliminar artículos más agresivos, como el 109 que permitía el bloqueo directo de plataformas digitales, subsisten disposiciones que “legalizan el espionaje sin orden judicial y abren la puerta al control de medios”.
Más allá de los discursos partidistas, el fondo del debate revela un país donde la vigilancia y el manejo de datos personales siguen sin contar con garantías institucionales sólidas. En un contexto donde han sido documentados casos de espionaje con software como Pegasus contra periodistas, activistas y opositores, la desconfianza ciudadana no es gratuita.
La pregunta que queda en el aire es si México avanza hacia una mayor conectividad y seguridad, como prometen Morena y el gobierno federal, o si está sembrando las bases para que un futuro gobierno con menos escrúpulos democráticos disponga de un arsenal legal para vigilar a su propia población.
En imágenes Andrés Martínez para el 28 de Guanajuato Victoria Vera.