Las filtraciones ya comenzaron. A pesar de que el titular de la Fiscalía General del Estado de Guanajuato negó públicamente haber sido víctima de un ciberataque e incluso se burló de la situación, no obstante, la madrugada de este jueves el grupo Tekir APT liberó más de 10 gigabytes de información comprimida que asegura haber extraído de los servidores de la institución. Las publicaciones incluyen tomas de cámaras de seguridad, bases de datos, carpetas internas y evidencia del presunto compromiso de sus sistemas, material que ya está siendo descargado en foros de ciberdelincuencia, tal como los atacantes habían advertido.
El grupo afirma haber cifrado múltiples carpetas, lo que impediría a la propia Fiscalía acceder a parte de su información. Aunque no existe confirmación oficial sobre la autenticidad del contenido, especialistas en seguridad digital advierten que la magnitud del presunto ataque que podría alcanzar los 250 GB representa uno de los incidentes más delicados que haya enfrentado una institución de seguridad pública en Guanajuato.
En medio de esta controversia, desde el Congreso del Estado la diputada Hades Aguilar, solicitó una auditoría inmediata a la Fiscalía por su vulnerabilidad informática. La legisladora presentó un punto de acuerdo para que se adicione al Programa General de Fiscalización una revisión específica al programa presupuestario E030 “Efectividad del sector de procuración de justicia”, enfocada en los procesos de seguridad digital del ejercicio 2025.
Aguilar señaló que el presunto ataque exhibe fallas estructurales en la protección de datos y evidenció que varios proyectos tecnológicos de la Fiscalía presentan irregularidades. Entre ellos, el programa de Fortalecimiento de la Agencia de Investigación Criminal, que contaba con 151 millones de pesos para adquirir 3,257 licencias informáticas, pero que con 95% del presupuesto ejercido al tercer trimestre no compró ni una sola, según la cuenta pública. Situación similar se reportó en otros proyectos destinados a infraestructura y equipamiento tecnológico, donde tampoco se adquirieron las licencias y equipos programados.
La legisladora advirtió que esta falta de inversión y cumplimiento en materia tecnológica podría haber dejado expuestos los sistemas institucionales, comprometiendo información sensible y procesos de procuración de justicia. El punto de acuerdo fue turnado a la Comisión de Hacienda y Fiscalización.
En imágenes Andrés Martínez para el 28 de Guanajuato Victoria Vera.