La exigencia de liberar la autopista Guanajuato–Silao volvió al centro del debate público. Integrantes de la Resistencia Ciudadana Guanajuato–Silao, una coalición de colectivos y ciudadanos, acudieron este jueves al Congreso del Estado para solicitar formalmente la revisión del modelo de concesiones carreteras que, aseguran, obliga a los habitantes de la capital a pagar peaje para entrar y salir de su propia ciudad.
El movimiento entregó al coordinador de la bancada del PAN, el diputado Arturo Espadas Galván, un documento titulado Expresión de Agravios, donde plantean argumentos técnicos, jurídicos y sociales para justificar la liberación de la vía y una auditoría integral a las prórrogas de concesión del corredor Silao–Guanajuato y Silao–San Miguel de Allende.
Denuncian “economía de compadres” y fallas del modelo
En rueda de prensa, el vocero Carlos Macías explicó que el esquema actual favorece intereses privados sin mejorar la movilidad y encarece la vida cotidiana de los capitalinos.
“El modelo actual incurre en lo que la OCDE llama captura de rentas: concesiones de hasta 30 años que transfieren riqueza de los ciudadanos a empresas vinculadas con políticos. Esto es economía de compadres, esto es corrupción”, afirmó.
Señaló que, pese al aumento del tráfico y la saturación constante en accesos a Guanajuato, las tarifas no bajan ni existen revisiones contractuales, como recomiendan estándares internacionales.
El documento también acusa:
- falta de competencia en licitaciones,
- ausencia de ajustes automáticos de tarifa por saturación,
- opacidad en la liberación de derechos de vía,
- y cobros anticipados sin obra física, particularmente en la carretera Silao–San Miguel de Allende.
“Es un tributo solo para los capitalinos”
Los colectivos sostienen que el peaje genera una desigualdad territorial, pues los habitantes de Guanajuato capital no cuentan con una alternativa libre eficiente.
“Es un tributo que pagamos los guanajuatenses de la capital y que ningún otro guanajuatense paga. Es como una alcabala medieval para poder entrar o salir de nuestra casa”, reclamó Macías.
Además, plantearon reformas legislativas para incorporar el principio de “valor por dinero”, auditorías técnicas obligatorias y la creación de una comisión de seguimiento a concesiones.
También advirtieron que, de no haber respuesta política, impulsarán acciones legales colectivas y protestas sociales.
“Primero queremos diálogo, pero si no hay atención, incrementaremos las actividades de protesta. Esto apenas comienza”, señalaron.
Reunión breve con Espadas
Los representantes informaron que el encuentro con el coordinador panista duró apenas 10 a 15 minutos, tiempo en el que se comprometió a distribuir el documento entre la bancada.
Aunque no hubo pronunciamiento de fondo, destacaron que el grupo parlamentario ha delegado el análisis del tema al diputado Juan Carlos Romero Hicks, quien previamente propuso una revisión externa.
La postura del PAN
Más tarde, en entrevista, el diputado Jorge Espadas confirmó la recepción del documento y aseguró que será analizado por su bancada.
“Hoy recibí a los colectivos con mucho gusto. Fue muy rápida mi reunión con ellos. Me entregaron un documento; mi compromiso fue analizarlo y ponerlo a disposición de las diputadas y diputados del PAN. Ya todos lo tienen”, explicó.
Cuestionado sobre la posibilidad de una auditoría independiente, sostuvo que existe coincidencia interna para transparentar el proceso.
“La posición es un acuerdo que tenemos en el grupo parlamentario de trabajar por transparentar este tema, en total acuerdo con la gobernadora del estado… se está caminando, estamos construyendo rutas y la idea es que sí se haga”, afirmó.
Con ello, el conflicto por las concesiones carreteras entra ahora a la discusión legislativa, mientras los colectivos advierten que mantendrán la presión hasta lograr la liberación de la autopista.