La exigencia por la liberación de la autopista Guanajuato–Silao salió a las calles este jueves 22 de enero, cuando colectivos ciudadanos y habitantes de la capital realizaron una manifestación pacífica en la caseta de cobro, acompañada de la entrega de volantes para informar a los automovilistas sobre lo que consideran un abuso histórico que afecta la movilidad, la economía y el desarrollo de la ciudad.
Lejos de tratarse insistieron de una protesta coyuntural o partidista, los activistas enmarcaron la movilización como una acción ciudadana contra un modelo de concesión que, durante décadas, ha trasladado recursos públicos a un negocio privado. De acuerdo con los colectivos, el cobro de la vía ya no responde a la recuperación de una inversión, sino a un esquema que canaliza millones de pesos anuales a la empresa VISE, concesionaria de la autopista por 30 años y vinculada al grupo propietario del periódico Correo.
Durante la protesta, el vocero Saucedo Pimentel sostuvo que el peaje representa un doble cobro para los guanajuatenses, al recordar que la autopista fue construida con recursos públicos y que su costo ya fue cubierto en múltiples ocasiones.
“Esta autopista ya se pagó más de ocho veces con nuestros impuestos y, aun así, somos la única ciudad del estado que tiene que pagar para entrar y salir. No hay acceso libre real y se nos da un trato desigual frente a otras ciudades que tienen bulevares amplios y gratuitos”, afirmó.
El activista subrayó que la falta de una vía libre obliga a miles de trabajadores, estudiantes y comerciantes a destinar parte de su ingreso diario al pago de la caseta, lo que termina encareciendo servicios y productos.
A ello se suma dijo la opacidad con la que se otorgó la concesión.
“Esta concesión se entregó a VISE, una empresa consentida del gobierno. De 14 empresas que competían, solo quedaron VISE y una empresa española socia. No es creíble que todas las demás se hayan retirado. El propio gobierno dice no conocer el costo total de la obra que supuestamente se intercambió por esta carretera. Eso es regalar una autopista a ciegas”, acusó.
En la misma línea, Carlos Arce, otro de los voceros del movimiento, afirmó que el caso de la Guanajuato–Silao exhibe un esquema de corrupción estructural en el que una concesión financia a otra, ambas en beneficio del mismo particular.
“Con el dinero que deja esta carretera, alrededor de 260 millones de pesos al año, la empresa se queda no con una, sino con dos autopistas durante 30 años. Llevamos 37 años pagando una vía que ya se liquidó y aun así pretenden que sigamos pagando otros 30 años más. Es el cobro eterno”, señaló.
Arce recalcó que mientras la mayoría de las ciudades del estado cuentan con accesos libres de cuatro carriles, Guanajuato capital sigue siendo la excepción, obligada a pagar por un ingreso digno.
“Nos acostumbraron a pagar y a no cuestionar. Hoy decimos basta. No pedimos privilegios, pedimos el mismo trato que tienen León, Irapuato, Celaya o San Miguel de Allende”, sostuvo.
Los manifestantes reiteraron que el movimiento es apartidista y que continuará por la vía legal y social con manifestaciones, e incluida la preparación de una acción colectiva, para frenar lo que consideran un traslado sistemático de recursos públicos a un negocio privado, a costa de los bolsillos de miles de familias guanajuatenses y exigencia del libre tránsito sin peaje, digno y equitativo para la capital del estado.