En el arranque del nuevo periodo ordinario en el Congreso del Estado de Guanajuato, la diputada de Movimiento Ciudadano, Sandra Pedroza, colocó en su curul un contador con el número 90, en alusión al plazo fijado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que el Poder Legislativo local resuelva sobre la despenalización del aborto.
El conteo comenzó con el inicio formal del periodo y, de acuerdo con la legisladora, permanecerá visible durante las sesiones como recordatorio del mandato judicial para que el aborto sea legal en guanajuato.
“Ya el conteo inició, ahora sí estamos en cuenta regresiva y aquí vamos a estar prácticamente todo este periodo recordándolo las veces que sea necesario; tenemos los últimos 90 días para que se despenalice vía Congreso, pero si no, la Corte lo va a hacer, ya es un hecho”, afirmó en entrevista.
Pedroza sostuvo que defenderá que las tres iniciativas en la materia sigan su trámite parlamentario ordinario, con consultas y mesas de trabajo, y advirtió que la Corte ya inició su propio proceso de declaratoria. Además, calificó como riesgoso que se desestime el mandato judicial, al señalar que se estarían sentando precedentes de desacato.
Por su parte, el senador Emmanuel Reyes, quien estuvo presente en este arranque del nuevo periodo legislativo, consideró que el Congreso local “no tiene otro camino” frente a la resolución judicial.
“Es una resolución de la Suprema Corte, ya los obligó a que legislen; hoy el Congreso del Estado de Guanajuato tiene que legislar sí o sí, porque es un derecho humano consagrado en la Constitución”, declaró.
En contraste, legisladores del PAN han sostenido que la Corte no puede obligarlos a votar en determinado sentido. Ante ello, tanto Pedroza como Reyes rechazaron esa postura; la diputada la calificó como una incongruencia frente a la defensa que el propio panismo ha hecho en otros momentos de los criterios del máximo tribunal, mientras que el senador afirmó que el Poder Judicial sí puede emitir resoluciones vinculantes para los congresos cuando se trata de garantizar derechos humanos.